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Ing. LUIS ORLANDO DIAZ VOLQUEZ.
Santo Domingo, República Dominicana. Año II. Número 192, Lunes, 2 de abril de 2007.

SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.


El agua es vida, mas no prioridad del gobierno de Leonel Fernández y el PLD
Por Luis Orlando Díaz Vólquez. GUASÁBARAeditor.
El agua es vida, mas no prioridad del gobierno de Leonel Fernández y el PLD
Por Luis Orlando Díaz Vólquez. GUASÁBARAeditor.
El descuido en el suministro de servicios adecuados de agua y saneamiento sanitario, con que el gobierno del Presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, responde a la nación dominicana constituye un verdadero atentado contra los derechos humanos y una muestra manifiesta de indiferencia, falta de voluntad política e insensibilidad, que genera exclusión social y consecuentemente pobreza e incompetencia.
La falta de políticas sociales con que actualmente se gobierna, acarrea y condena al país, a que se reduzcan sus posibilidades de salir del subdesarrollo y conserve la más mínima posibilidad de fortalecimiento de ciudadanía de sus dominicanos.
A propósito del tema, extraña la omisión de dos periodistas acuciosos, como lo son, el director del periódico Listín Diario, señor Miguel Franjun, y Pablo MacKinney, ambos banilejos, que en un desayuno que celebraran en el prestigioso diario, no cuestionaran al director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), señor Víctor Díaz Rúa, en relación a la no inclusión en el Presupuesto Nacional correspondiente a este año, del acueducto de Baní, Provincia Peravia, que grita a voces las vicisitudes que acarrea por falta de agua.
A representantes banilejos de más de 100 organizaciones sociales, profesionales, comunitarias, culturales, clubes de servicio, y otras del campo, que claman por agua, por vida, el gobierno del Presidente Fernández, después de dejarles fuera del presupuesdo del 2007, les anuncia que esperen con sed el 2008, les sale con el descaro de enviarles camioncitos de agua, mientras por otro lado anda por el Cibao anunciando y nuevas promesas demagógicas de construcción de obras por 5 mil 700 millones de pesos para la provincia de Santiago, entre las que se encuentra el famoso parque de Margarita Gómez, proyecto cuestionado y ejecutores por igual.
Se reeditan las mismas promesas que ya antes formulara y no cumpliera, en su mandato 1996-2000.
Cabe recordarle al oficialismo que la disponibilidad de agua de calidad es condición indispensable para la salud y, más que cualquier otro factor, el suministro de agua sana condiciona la calidad de vida.
Por ello mueren nuestros niños, por falta de Agua, mientras las prioridades del ejecutivo parecen perdidas en el espacio. No atiente la crisis de los servicios públicos por lo que atraviesa el país, fruto de la carencia de respuesta a problemas básicos de la población, como la carencia de agua potable en los hogares, poniendo en riesgo la vida de la familia dominicana.
La última publicación del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006, del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), revela la escandalosa cifra de 1.8 millones de hogares que carecen del preciado líquido en nuestro país, lo que muestra la imprevisión, falta de servicios de saneamiento adecuado y la alta mortalidad infantil en nuestro pueblo.
Nuestros niños crecen, los que logran sobrevivir, en ambientes insalubres, expuestos a enfermedades que produce la carencia del agua, como son el vómito, la diarrea, enfermedades de la piel, entre otras tantas. En ellos se manifiesta la crudeza de la brecha social y pagan con sus vidas la falta de planificación y voluntad política que se exprese en una inversión adecuada al sector salud.
El que alrededor de 465,000 hogares no tenga acceso al líquido por acueducto, que equivalente a 20% de la población, lo que es un verdadero escándalo, es una muestra de la insensibilidad de este gobierno, que no le duele ver como provincias como Bahoruco, Monte Plata, San Juan, Azua y Barahona tienen índices alarmantes de mortalidad infantil.
Mueren nuestros niños, el futuro de la nación, por carencia de agua, la mayoría de sus hogares carecen de adecuadas instalaciones sanitarias, o incluso de letrinas.
Las familias pobre de la nación, que componen la gran mayoría, se ven precisados a sacrificar parte de los pocos ingresos que consiguen para comprar agua para tomar, para el aseo personal y para sus viviendas. Agua de mala calidad, que se ven precisados a almacenar, en condiciones no adecuadas, arriesgando la salud, y expuestos a epidemias como el dengue, que recientemente mató a más de 40 dominicanos y enfermó a otros miles.
Por otro lado, los diarios reportan que en el municipio de Santo Domingo Este, la construcción del acueducto, que dejara el anterior gobierno en un 85% ejecutado, las actuales autoridades tienen las obras paralizadas, a través de la Corporación de Acueductos de Santo Domingo (CAASD), porque adeudan dinero a los contratistas y no desembolsa para que se reanuden los trabajos.
Para lo que sí hay dinero es para el Metro, en el que se invierten alrededor de 40 mil millones de pesos, no así para el referido acueducto, cuya terminación apaciguaría la sed de los sectores y aumentaría la calidad de vida de los munícipes de Santo Domingo Este, principalmente en los barrios más afectados, como son Mendoza, Villa Faro, Los Restauradores, Valiente, Villa Esperanza, urbanización Ana Teresa Balaguer, Alma Rosa, Los Trinitarios, Tamarindo, Duarte, Cansino Segundo, Mandinga, Hainamosa y Villa Carmen.
Urge frenar la improvisación y la insensibilidad del oficialismo, es impostergable encarar la solución de los servicios de agua y saneamiento, para impedir la violación del derecho humano básico a tener acceso al agua.
Lunes, 2 de abril de 2007.

Etanol y Gasolina
Por Ramón Alburquerque
La nación cuenta con 48,434 kilómetros cuadrados, equivalentes a 77 millones de tareas dominicanas, de éstas, sólo 31 millones son aptos para plantaciones o siembras de ciclos cortos. Los restantes 46 millones, es la parte que permanece como áreas forestales, parques nacionales, áreas mineras, poblaciones urbanas, vialidades, bosques sembradores de lluvias, zonas de extrema aridez, terrenos salinos, lagos, lagunas y pulmones ecológicos.
La producción agrícola del país dispone, pues, de 31 millones de tareas, o sea, un millón novecientos sesenta y dos mil veinticinco (1, 962,025) hectáreas.
Ahora bien, la realidad impuesta por la globalización, hace que los acuerdos y tratados internacionales, junto a la política alimentaría nacional, determinen las siembras agrícolas, ante todo, de aquellas con fines industriales.
¿Cómo encuadra el etanol y la caña de azúcar en la agricultura nacional? El etanol tiene una historia tan larga como la caña. El etanol llegó primero en las botellas de vinos de los españoles. Luego, según los cronistas de indias, llegó la caña en el cuarto viaje de Colón. A la caña siguieron el trapiche y los alambiques de aguardiente.
¿Qué es el etanol? Es el alcohol de la fermentación producida por organismos microscópicos, del tipo de las levaduras. En su alimentación constante, estos microorganismos consumidores de azúcar secretan alcohol y anhídrido carbónico. Se trata del alcohol etílico, presente en los vinos, whiskys, rones, vodkas, grapas, licores y cervezas. Es el alcohol consumido por los humanos.
El etanol se produce de almidones de tubérculos, como la yuca, la batata, la papa, la remolacha, y otros; de granos como maíz, centeno, alfalfa, millo, trigo, y otros tantos; de todo tipo de frutas, de celulosas de las maderas. En fin, el etanol se produce de todo tipo de biomasa, como bagazo, paja de arroz, ramas, troncos, aserrín, cáscaras, etc.
No obstante, el etanol se produce también de etileno derivado del petróleo, de carbón mineral y a partir del gas natural. Lógicamente, estas fuentes no presentan ventajas adicionales a las gasolinas, y demás combustibles de origen fósil.
Por acuerdos internacionales, los nombres de los alcoholes se forman agregando OL a sus raíces químicas, de ahí, metanol, etanol, propanol, butanol, etc.
Este trabajo trata de la producción de etanol de la caña de azúcar, siendo así, ¿cuánto etanol podría producir el país?
El período l973/l974 fue excelente, ya que en él se produjo la mayor cantidad de caña de azúcar en la historia nacional, efectivamente, trece (13) millones de toneladas de caña, con un rendimiento superior al millón doscientas mil (1, 200,000) toneladas de azúcar. Esta producción se logró en 5.5 millones de tareas de tierras, o sea, 344 mil hectáreas.
El techo agrícola cañero dominicano parece ser, pues, de 5.5 millones de tareas.
Este dato deberá servir de base al diseño de la política azucarera nacional, la cual tiene que garantizar el abastecimiento doméstico de azúcares, melaza y el cumplimiento de las cuotas en los mercados internacionales, éstos compromisos, obligan a producir un millón de toneladas de azúcares anuales, en 2.5 millones de tareas de tierras.
Una vez satisfecha la demanda anterior, la producción de caña de azúcar podrá destinarse a cualquier otro fin, por ejemplo, a la producción de alcohol, a cuyos propósitos se dispondrá de tres millones (3.0) millones de tareas, equivalentes a, 187 mil hectáreas.
En estos terrenos (3 millones de tareas) se producirían 150 millones de galones de etanol cada año, volumen importante, ya que el consumo anual de gasolina ronda los 350 millones de galones.
En función del contenido calorífico aprovechable, debe recordarse que un 1.25 galones de etanol iguala a un galón de gasolina.
¿Qué es alcohol hidratado y alcohol anhidro?
ALCOHOL HIDRATADO
El alcohol es producido en bajas concentraciones en los procesos de fermentación ya indicados.
Se llama alcohol hidratado aquel que contiene cierto contenido de agua, aunque sea en bajísimas cantidades, sin embargo, obviamente éste tipo de alcohol no puede ser mezclado con la gasolina.
En el mercado existen motores que consumen exclusivamente alcohol hidratado sin necesidad de mezcla con otro tipo de combustible.
Una parte importante de la flota vehicular brasileña depende exclusivamente del alcohol hidratado, sin mezcla alguna.
Naturalmente, esta modalidad de alcohol es la más conveniente cuando se quiera eliminar la dependencia nacional del petróleo y sus derivados, aunque requerirá lógicamente de una estructura de producción, transporte y distribución del etanol a escala nacional.
ALCOHOL ANHIDRO
Este alcohol prácticamente no contiene agua. Su pureza es superior a 98.5%. Su elaboración es mucho más costosa que la anterior.
Este es el tipo de etanol usado en mezclas con gasolina. Las mezclas se conocen como, E10, cuando tiene 10% alcohol y 90% gasolina. La E22 con un 22% de etanol y un 78% de gasolina. Estos combustibles, integrados por gasolina y etanol, presentan ventajas enormes puesto que prácticamente no precisan de adaptaciones en los motores convencionales, elevan el octanaje y eliminan el uso de plomo, reduce la emisión de anhídrido carbónico, compuestos de azufre, y otros contaminantes.
¿Cuánto etanol se necesitaría para que toda la gasolina del país sea E10?
Para que toda la gasolina del país contenga un 10% de etanol, se requieren 44 millones de galones de alcohol anhidro.
La producción de este etanol, precisaría de factorías con capacidad de lanzar al mercado 300 mil galones diarios durante 120 días al año. Una zafra cañera corta de 120 días permitiría aprovechar al máximo la intensidad de radiación solar en su punto más alto.
La demanda de 44 millones de galones/año implica la producción de 2.5 millones de toneladas de caña en 900 mil tareas nacionales.
¿Cuánto etanol se necesitaría, para que toda la gasolina del país sea E22?
Se necesitarían 92 millones de galones de etanol, los que podrían elaborarse de 5.5 millones de toneladas de caña, en una extensión de dos millones de tareas nacionales.
¿Cuánto etanol se requere para reemplazar los 350 millones de galones de gasolina, que se consumen hoy?
Si la política energética nacional dictare la sustitución de toda la gasolina por etanol, se generaría una demanda de 437 millones de galones de alcohol.
Este volumen de etanol exige 24 millones de toneladas de caña de azúcar, que serían cosechados en 10 millones de tareas de tierra.
La satisfacción de esta meta comprometería la tercera parte de toda la tierra netamente agrícola de la nación, que asciende a solo 31 millones de tareas. Tal producción de etanol no es posible.
¿Cuántos dólares ahorraría el país con las mezclas de gasolina, E10, y con la, E22 ?
Con la E10 se ahorrarían 70 millones de dólares; con la E22 el ahorro sería de 180 millones de dólares.
¿Es viable el etanol dados los precios de los azúcares en el país?
Actualmente no es rentable frente a los precios de los azúcares en el mercado interno de la República Dominicana.
Sin embargo, la viabilidad del etanol no depende de los precios internos de los azúcares, en razón de que estos obedecen a políticas de precios internas.
La viabilidad de la producción del etanol está determinada en función de los precios de los derivados del petróleo, de los precios internacionales del etanol y de la visión de futuro que deba diseñar el país frente a la situación de conflicto en que se debaten los mercados mundiales y regionales de la energía. Asimismo, todo depende de la valoración que otorgue el Estado a la contaminación ambiental con potencial de amenazas locales y planetarias.
Marzo 28,2007. Con admiracion y afectos: Ramon Alburquerque


Contrapunteo del CONEP y la CDEEE
Por Edwin Croes
Santo Domingo.- Es una trampa que conduce a la irrelevancia, meterse en una discusión del tipo “sector privado versus gobierno”. En el fondo, nadie cree en tal dilema o contradicción. Siempre ha habido y habrá entre ambos una dialéctica destructiva, a veces; creativa, otras veces. Aprendiendo mutuamente, uno absorbiendo errores del otro o los éxitos en otras ocasiones. Son conflictos casi conyugales, mejor no meterse, mas que para distraerse una noche holgada como en la que terminé de escribir estas notas, mientras la luna bailaba al ritmo de la trompeta de Miles Davis experimentando en fusiones de “su” Jazz y el Hip-Hop poco antes de fallecer.
Desde la voz de Lisandro Macarrulla, el CONEP le ha entrado a dos manos a la CDEEE, particularmente a Radhamés Segura1. Y se ha desatado la de Troya.
Ya antes ha habido contrapunteos CONEP-CDE de esta misma estirpe. Quizás parodiando a Balaguer cuando nombró a un agrónomo como administrador de la CDE, en una de esos contrapunteos se decidió Leonel Fernández a nombrar a Celso Marranzini de presidente del Consejo Directivo de le CDE.
Esa época de la presidencia del CONEP también presidiendo la CDE fue de muchas firmas de nuevos contratos IPPs, es más, fue la administración en que mas contratos IPPs se firmaron de todos los 53 años de historia de la CDE (20 con 804 megavatios para ser exactos). En realidad, firmaba Segura y en el Consejo Directivo pasaban cosas muy raras, no siempre aprobaban, pero a veces lo hacían. El surrealismo fue tal que se sabe que Marranzini estuvo involucrado en la renegociación del contrato IPP con Smith-Enron, la lucha verbal fue fuerte.2
Al final, fue Marranzini que parece
no resistió las incongruencias del Presidente Fernández, por un lado privatizando y por el otro apoyando a Segura y su carnaval de contratos IPPs (tal y como veremos que se repite ahora la historia).
Adicionalmente, fue muy desafortunado el resultado de la renegociación del contrato Smith-Enron que devino en un empeoramiento de los términos, si se juzga por la diferencia de déficit financiero creado a la CDE antes y después de la renegociación.
Sin embargo, una de las buenas consecuencias para la industria nacional de aquella pasantía eléctrica, fue que enseñó a Marranzini las bondades de aplicar temprano como Usuario No-Regulado y licitar su propia energía con los generadores, para hasta ayudar a las industrias vecinas distribuyendo para contribuir al abaratamiento de los costos.3
Más recientemente, en 2000-2004, también presidió a la CDE un prestigioso empresario mas no tan “institucionalizado” en las filas del CONEP, Rafael Perelló. Bajo su presidencia
se hizo todo lo contrario, renegociar y terminar casi todos los 25 contratos IPPs existentes (excepción de Smith-Enron y Cogentrix).
Le tocó comenzar a institucionalizar la nueva CDEEE sobre las bases de la nueva Ley General de Electricidad, sentando los cimientos para la creación de las empresas de transmisión e hidroelectricidad. Sin ser “estatizador”, también le tocó la difícil situación de evaluar y debatir la recompra de las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur.
Es decir, no son nuevos los contrapunteos de empresarios, CONEP y CDEEE. Lo de ahora puede que sea diferente, pero en algunos aspectos la historia se repite, y para los dominicanos en materia eléctrica siempre es como tragedia.
Volviendo al presente, con toda razón, la CDEEE se ha sentido aludida en el discurso del actual presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla en la Cámara Americana de Comercio, y ha ofrecido declaraciones destempladas y con elementos de acusación conspirativa contra el intenso cañoneo del CONEP y sus asesores. Poco a poco, se van develando artimañas por todos lados. Los intereses enmarañados en el sector eléctrico se han hecho más densos con esta administración.
¿Cómo se le ocurre a la CDEEE acusar a Lisandro Macarrulla y el CONEP de “aliarse con AES (y TCW) contra el interés nacional y de estar erosionando el plan del gobierno en el sector eléctrico” (que se supone consiste en la manida renegociación del Acuerdo de Madrid”)? Y todo eso apoyado en el pedestre dato de que “el presidente del escenario del discurso de Macarrulla (Kevin Manning) es empleado de AES”.4 A eso he llamado declaraciones destempladas y conspirativas, aunque la información de base sea correcta. Lo único que le faltó a Segura fue acusar a Macarrulla de “títere del imperialismo yanqui”.
Bueno, también hay que entender a la CDEEE. ¿Cómo mantener la calma y el estilo si Macarrulla le ha dado a Segura con todo lo que tiene en ese discurso? Le dijo que se dejara de su campaña “subliminal” de ataques a la empresa privada; le dijo que quería seguir estatizando; le dijo que vivía de subsidios y que había gastado “US$400 o más millones de dólares en un año sólo para quemar, regalar y consumir un petróleo que, en parte, está financiado con préstamos externos”; le dijo que “debe cesar la práctica de garantizar contratos de compra de energía a negocios particulares para luego revenderla con pérdidas, a precio más bajo”. Uffff, no es solo lo que dijo, es que lo dijo usando verbos imperativos “debe cesar”, como queriendo poner chiquito a Segura.
Además, parece que Segura aún sangra por la herida que le abrió la espada del “documento de posición” del CONEP de hace unas semanas en contra de la modificación de la ley general de electricidad, en donde se hace una crítica demoledora al gabinete eléctrico y sus políticas (poco después diría la misión del FMI que a ellos sólo le interesaba que se aprobara la modificación para endurecer el castigo al fraude eléctrico, que todo lo otro que se había enviado al Congreso era cosa del gobierno). Lo de Macarrulla en la Cámara Americana, aunque duro y acido, dolió más porque aún la CDEEE no se había recuperado de aquella herida.
Es que el acoso a Segura fue planeado con saña. Después del discurso de Macarrulla, en cuestión de horas, Bernardo Vega (en Clave edición impresa y luego edición digital(5)) y Marisol Vicens (en El Caribe, luego en Clave digital(6) hicieron coro con Macarrulla. También arremetieron duro contra la CDEEE, básicamente popularizando lo que quizás ellos mismos habían escrito en los borradores del discurso de Macarrulla.
Pero en estos dos casos se nota una diferencia importante con respecto al discurso, Vega y Vicens arremeten gratuitamente contra la administración pasada, como si algo recóndito les punzara el alma, como si necesitaran una permanente referencia al “crítico a este, pero no es que los anteriores fueron buenos”. El peor fue Vega, que en medio de numerosas inexactitudes básicas, destiló la hiel contra el Acuerdo de Madrid, la recompra de las distribuidoras y, en un acto de catarsis personal, declaraba que el de Hipólito había sido un “mal gobierno” (casi escuchándose el resuello final de alivio en el artículo).
Sin embargo, no hay dudas de que Segura es un tigre de barrio de respetable (aunque desagradable) sagacidad política. Le mandó sus bombazos a Macarrulla y siguió sus travesuras hasta lograr burlarse de ellos (y nosotros).
En efecto, no obstante Bernardo Vega apelar dramáticamente a Leonel Fernández en su articulo para resolver las “contradicciones” al interno de su gabinete eléctrico acerca de “estatizar el sector más allá de lo que ya hizo Mejía”, implorándole que “tan solo el presidente Fernández puede romper este impasse”, al siguiente día viene la bofetada de Segura.
Fue el mismísimo presidente Fernández, quizás entusiasmado con los melosos piropos lanzados por la misión del FMI esa misma mañana, envía al Congreso una solicitud de garantía soberana que avale las cartas de crédito de los peores contratos en la historia eléctrica del país, el de las plantas de carbón.7 (¡Ay, que dolor!).
Vega debió haber aprendido de las frustraciones de confiar en tal presidente. Es que ya Marisol Vicens lo había sufrido en carne propia, cuando en incontables artículos del 2005 al 2006 había pedido de forma igualmente patética, la intervención de Leonel Fernández para detener las barbaridades de la CDEEE… y nada, o mejor dicho, todo lo contrario.
A propósito, regresando al tema del dilema entre estado versus privado del gabinete eléctrico, pues creo que es falso. Olfateo que el dilema en el sector privado también lo es. Lo que está pasando, en el fondo, no es ni una cosa (sector privado) ni la otra (Estado), sino todo lo contrario. Esto no es un chiste (jajajajaja… shhhh). Me explico:
Se trata de una colusión entre segmentos de ambos, como todos los contratos IPPs. Es decir, generadores privados con garantías estatales vendan a un oligopsonio Estatal (CDEEE) su energía, la cual será intermediada en un mercado cautivo monopolizado en cada región de concesión (sur, norte y este). Con el ingrediente que la represión de la demanda y contubernio para no hacer nuevas licitaciones desde las distribuidoras, no permitirá que el precio de la energía baje para los consumidores.
Lo anterior parece un párrafo hecho de “frases cohetes”, como decía Orlando Martínez. Desglosemos el proceso (“brake it down”, al estilo de los salseros neuyorkinos metidos al Hip-Hop las referencias musicales se deben a que ando de “grandes” discusiones musicales con mi hijo en estos días).
Los 1,200 megavatios de las plantas de carbón monopolizarán el mercado de energía de base (es decir, la energía mínima que se demanda durante el día y para la cual es perfecta esta tecnología) que es de unos 1,000 a 1,400 megavatios, dependiendo del día. En ese mercado, competirán con los pigmeos de Egeitabo y quizás Egehaina. Ojo, hay días como los domingos que el pico apenas llega a 1,500 megavatios, solo 300 más que los suministrados por las plantas de carbón (ver gráfica)(8).

Casi toda ésta energía está comprometida con CDEEE, de allí el oligopsonio, es decir, un oligopolio de proveedores de insumos intermediados por una sola empresa que, a su vez, provee el producto a un segmento específico del mercado (energía de base) en el que la competencia, si alguna vez la hubo, será eliminada por completo.
Hay elementos de tragicomedia en este embrollo, ya que parece claro que esta situación no permitirá que baje ni un centavo la tarifa o el precio de compra de las distribuidoras. ¿Por qué? Como la CDEEE no tiene mas que 100 megavatios de contratos, que es el mercado en el que se vende el 95% de la energía (en esta administración que no le importa violar la ley que ordena no sea más de un 80%, precisamente para promover la competencia del “sector privado”). A la CDEEE no le queda otra opción que venderle esta energía a otros generadores (que si tienen contratos), los que se la comprarán barata en el mercado SPOT y la revenderán a las distribuidoras como parte de sus contratos (unos 950 megavatios) al precio de siempre.
¡Ah! De paso, descubrimos el porqué de la insistencia de la CDEEE en quejarse de que la han dejado sin contratos debido a la “ilegal” terminación de los contratos IPPs durante la anterior administración.
Es que el muy heliogábalo de la CDEEE de ahora quería dichos contratos para vender su energía carbonera a sobre-precio.
En el fondo, parece que de eso es que se trata toda la alharaca acerca de la renegociación de los contratos de Madrid. Despojar a los demás de sus contratos para abrirle mercado contractual a los dragones de carbón.
Otra cosa será la energía de punta, es decir, el mercado para abastecer los picos de la demanda. Normalmente, estos picos suceden entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m., así como entre 7:00 y 11:00 pm. Allí es donde se producirá la gran competencia por las migajas de megavatios de demanda durante cada día, aunque a buen precio por la congestión del sistema interconectado en esas horas pico (lo cual empeorará si esta administración sigue sin invertir en transmisión, salvo las que se ha comprometido a construir para las plantas de carbón, claro esta).
Y no es por otra cosa que ésta administración no quiere vender las distribuidoras Edenorte y Edesur de nuevo al sector privado. Perderían la llave que les permite controlar el mercado de la energía y los contratos cuasi-grado-a-grado del carbón y todas las promesas de bienestar que ellas suministrarían a intermediarios, promotores y cómplices.
Mientras tanto TCW-Edeeste, con AES montada en la cola (ya que hasta espacio pagado publicó insistiendo en que no tiene nada que ver con TCW-mete el deíto aquí, que la cotorrita no ‘ta’i), apuesta a cobrar algo de su demanda contra el Estado dominicano (parece que han montado un sólido caso que mantiene en pánico al gabinete eléctrico), mientras mantiene un absoluto monopolio generador-distribuidor en la región Este del país. En efecto, toda la demanda de la distribuidora Edeeste se encuentra contratada con generadoras de la misma AES. Y si el carbón quiere entrar allí, a través del mercado SPOT, tendrán que vérselas con Egeitabo, que también es de AES, que produce con carbón y a precios más bajos que los de los contratos de CDEEE.
La gran perdedora es Egehaina, con solo 45 megavatios a carbón y muchísimos motores diesel que, aunque eficientes y mucho más flexibles, se la van a ver difícil en la competencia con los demás. Pero Rolando González Bunster, CEO de Egehaina, no se ha dormido en sus laureles.9
Ya el gerente general de Egehaina, Tito Sanjurjo, así como Marco Cochón (gerente general del ex-IPP CEPP, donde los accionistas de Egehaina también tienen acciones) han dado la voz de alarma desde hace meses. Han dicho que los inversionistas privados no le ven lógica económica a las plantas de carbón que pretende instalar el gobierno, y por eso no participaron en la licitación que se abrió con estos fines, a pesar de que tenían la capacidad financiera para hacerlo. Y pronosticaron, con mucha precisión, que si estas plantas de carbón se hacían era porque se les darían contratos (cito textualmente a Cochón) “todavía más leoninos que los que se han firmado con Smith-Enron y Cogentrix”(10) (¡auch! Pero que audaz se ha puesto el ex-superintendente).
Sin embargo, a mi me quedan huecos incomprendidos en este match multilateral entre actores del sector privado y sus consortes coyunturales del sector público. Por ejemplo, ¿Cómo es eso de que el CONEP este en contra de un contrato que la CDEEE ha concedido al grupo Vicini, como es de la planta de carbón en Azua? He cortocircuitado en ese tema, ya que se dice en los corrillos que Macarrulla es “our man in Havana” (la novela de Graham Greene) de los Vicini en el CONEP. ¿Qué es lo que pasa aquí?
También me hace cosquillas no saber exactamente ¿por qué Rolando González Bunster, de Egehaina, se asoció con los Vicini para comprar Cogentrix (y su jugoso contrato IPP con garantía soberana y otras cosas más en el paquete), pero no se asoció con ellos en la planta de carbón de Azua? Ya que no creo que sea un tema de moral, cívica o geografía, solo se me ha ocurrido pensar que la “pasta” de su crédito no daba para más.
¿Y quienes son estos chinos, no los de Bonao, sino los de Sichuan? Ahí si que no tengo pistas. Ya sabíamos que los inversionistas-intermediarios-lobistas de Westmont, tomaban café en la antesala de la oficina privada de un emir, pero los chinos ¿de dónde salieron? El problema es que buscándolos con google y altavista se entera uno de que una gran parte de la industria siderurgica y de máquinas herramientas de China se instaló en el valle Sichuan, por lo que es tedioso entrar en los miles de websites de empresas todas con el mismo nombre “Sichuan Machinery Import and Export Corp. Ltd.” Hagan la prueba (773 mil hits en google).
¿Y dónde está el Superintendente en todo esto?
Se trata de las contrataciones más importantes en toda la historia eléctrica dominicana. Antes del 16 de agosto de 2004, a los nuevos inversionistas se les investigaba hasta la cuarta generación hacia atrás (si mal no recuerdo, así ordenan los reglamentos). Se trata también de situaciones que, aunque no contradichas por la letra de la ley, sí inhabilitan a las empresas distribuidoras a cumplir la ley que les ordena licitar ellas, no la CDEEE, la nueva generación eficiente que requiere abastecer la demanda del mercado.
“¿Será que el Superintendente está jugando al rompecabezas de la “tarifa técnica” y otros juguetes que se están comprando (de nuevo, ya que ese mismo estudio de “tarifa técnica” lo hizo PA Consulting en 2002, con la diferencia de que aquella vez fue por licitación pública internacional, así como el estudio de la demanda de la Fundación Bariloche11 con los 7 millones de dólares de asistencia técnica que le dio el Banco Mundial para que se entretuviera?” -pregunta de forma muy afirmativa un amigo televidente. Algo espeso se está cocinando por ahí. O simplemente sea lo que parece, una rencilla. En ese caso hay tres opciones. Una, la agria,
Segura le ha hecho trampa a los Vicini en su contrato de la planta de carbón y por allí sangra y batalla el CONEP.
Dos, la dulce,
Segura tiene razón, AES se ha aliado con Macarrulla-CONEP-Vicini y quieren hacerlo volar del cargo (¿o hacerle entender el problema para que lo resuelva?).
Tres, la agridulce,
una combinación endiablada e incestuosamente dialéctica de las anteriores… como las que acostumbraba a cocinar Balaguer en sus mejores momentos.
Lo que si yo sé es que estaré en la entrada del Congreso con una pancarta que diga “Plantas de Carbón: Estafa a la Nación” o “NO le den garantía soberana al carbón de la CDEEE” algunos días antes de que esas cartas de crédito de garantía se pongan en la agenda congresual.12


Notas, fuentes y enlaces Webs.
___________
1. Para los que no se enteraron, se encuentra en
http://www.clavedigital.com/ktmllite/files/uploads/Economia/LisandroCONEP.pdf
Discurso pronunciado por el Lic. Lisandro Macarrulla,
Presidente del CONEP, en el
Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
Hotel Lina, Miércoles 21 de marzo del 2007
"Tiempos de Soluciones a una Agenda No Resuelta"
Deseo expresar mi satisfacción al comparecer ante los miembros de esta honorable Cámara Americana de Comercio para exponer algunas de las ideas del Consejo Nacional de la Empresa Privada -y las mías propias- sobre el acontecer nacional, lo que recibo como una valiosa oportunida¿d, por lo cual me siento muy honrado y agradecido.
Como saben, el título de esta charla es " Tiempo de Soluciones a una Agenda no Resuelta". El nombre surgió al observar que estamos en presencia de un país con gran potencial, dotado de una enjundiosa y bien discutida agenda, que a nuestro entender en buena parte carece de soluciones concretas en la práctica, aunque en teoría todo está formulado y en vías de realización.
Esta flagrante disociación entre realidad y discurso es susceptible de sembrar desesperanzas e incertidumbres entre los agentes económicos y la población, lo que de ninguna manera debemos de alentar, pues estamos entre aquellos que están convencidos de que el país tiene un gran futuro, condicionado a que enfrentemos nuestras responsabilidades con honradez, compromiso, persistencia y visión de futuro. En efecto, estamos convencidos de que debemos concentrarnos en adoptar las decisiones que se requieren para solucionar íntegramente, y no a medias, los problemas, actuando con coraje y firmeza, lo que requiere dejar de lado el miedo paralizante que con frecuencia es causado por los presuntos costos políticos que envuelve cada decisión, así como por la pugna partidaria, que a veces no distingue entre lo que forma parte de la polémica electoral de lo que es básico para la nación y que no admite dilaciones.
Entendemos que el quehacer político vale la pena cuando resuelve lo que es difícil, con decisiones inteligentes que tienen en cuenta el interés colectivo, en vez de la conveniencia exclusiva para quienes las aplican.
Al fin y al cabo, las posiciones políticas son la gran oportunidad que reciben los seres humanos para servir a la sociedad y, cuando así lo hacen, esto es lo que les confiere reconocimiento, relieve, dignidad y proyección histórica. Por eso, invitamos a la clase política a que luche por ese reconocimiento ciudadano y por su proyección histórica, para lo cual no hay mejor tarea que la de colaborar en la solución de los problemas básicos de la nación.
Como interlocutores y sectores convencidos de que nuestro país precisa de análisis que nos lleven a soluciones concretas, hacemos provecho de la ocasión para tocar aspectos básicos de nuestra realidad económica, política y social con numerosas ramificaciones, que trataremos en forma esquemática, en aras de ser concisos y poderlos enmarcar en el espacio limitado de una presentación de esta naturaleza.
Comenzaremos, pues, con los aspectos de carácter económico. No hay dudas de que en esta materia se han logrado grandes avances. La confianza se mantiene y la estabilidad macroeconómica se ha fortalecido. La inflación ha estado bajo control. Los intereses han bajado y ha habido, primero, regreso de capitales y, segundo, entrada de nuevos capitales de inversión directa. A su vez, se anuncian cifras espectaculares de crecimiento del producto, situadas entre las más altas del mundo. Son logros valiosos y a la vez prerrequisitos para el progreso.
Dentro de ese contexto positivo acaba de anunciarse hace poco la esperada puesta en vigencia del RD-CAFTA, que constituye un paso fundamental. En lo adelante, cualquier esfuerzo por impulsar y afianzar la competitividad lucirá pequeño, no importa la dimensión que pudiera alcanzar, puesto que en esto la tarea que tenemos por delante es inmensa y hay que reconocer que es marcadamente insuficiente lo que se ha hecho para satisfacerla. Hacernos competitivos es más que una declaración de principios; es el reto de la hora, para poder aprovechar la oportunidad que nos brinda el RD-CAFTA y para poder desarrollar nuestro potencial económico, frenado por limitaciones diversas, incluyendo
el signo de algunas de las políticas que han sido puestas en práctica en circunstancias y omentos diferentes.
Elevar la competitividad integral del país, junto con la de empresas individuales, que también hay que lograrlo, es materia compleja, e incluye múltiples elementos. Nos limitaremos a mencionar algunos que entendemos básicos: electricidad, política monetaria, entorno tributario y fiscal, acceso al financiamiento y apoyo logístico. Electricidad.
Todos sabemos que uno de los costos y taras que enfrenta este país desde hace decenios es el de la insuficiencia, baja calidad y elevado costo del servicio de energía eléctrica, agravado por el hecho de que el Estado gasta cientos de millones de dólares anuales en subsidios carentes de sentido, destinados a mantener la dinámica de un embrollo cuya justificación pocos entienden.
Se ha dicho y queremos repetirlo: mientras el Estado siga envuelto directa y activamente en el negocio eléctrico, no habrá solución. Es tiempo de que asuma única y plenamente sus roles de supervisor y regulador del sistema y de que permita al sector privado el manejo del negocio eléctrico en un contexto de competencia, reglas claras y leyes que se cumplan al pie de la letra. En tal virtud, entendemos que se debe transferir al sector privado las distribuidoras estatales, modificar la ley para traspasar a dicho sector las acciones en las empresas capitalizadas, cesar la práctica de garantizar contratos de compra de energía a negocios particulares para luego revenderla con pérdidas, a precio más bajo, así como promover la competencia leal y transparente en el sector, aparte de cumplir rigurosamente con los compromisos adquiridos.
En adición, consideramos debe cesar la campaña continua, intencionada o no, a veces subliminal, que tiende a menoscabar la credibilidad de las empresas del sector, pues con ella se aleja la solución real de los problemas al quitarle autoridad moral a quienes están llamados a ofrecer las soluciones. Y se deja la impresión de que, en el fondo, existe un plan oculto que pretende estatizar de nuevo el sistema, para lo cual ya es poco lo que falta.
También es relevante que el Estado otorgue el pleno apoyo a las empresas distribuidoras y cree el ambiente adecuado con objeto de que nadie pueda recibir electricidad sin pagarla, a su justo costo. Hay que llevar al subconsciente colectivo el hecho cierto e irrefutable de que no puede haber disponibilidad de electricidad continua y a costo razonable hasta que todo el mundo, desde el más encumbrado hasta el más pequeño, se vea obligado a pagar la luz que consume. Luz que tiene que ser medida, independientemente de la cantidad que se consuma. Mientras no se mida y se cobre por lo consumido, no hay forma de inducir a la población a sólo consumir lo necesario. Por eso, apoyaremos todas las decisiones razonables orientadas a eliminar el fraude eléctrico o el robo de energía. Y, de la misma manera, abogamos que sean eliminados los subsidios al consumo de energía y la tolerancia o indiferencia al robo. En vez de eso, lo que debe existir son programas de asistencia a familias de escasos recursos para que cubran necesidades básicas y la aplicación rigurosa de penalidades a quienes transgredan la ley.
Por otro lado, los recursos que se gastan en subsidios al sector y que el año pasado se informa que ascendieron a cerca de US$540 millones y en este año se programa que llegarán a no menos de US$400 millones, deberían ser usados aún sea parcialmente en acelerar la realización de aquellas inversiones que garanticen un servicio de electricidad continuo y de calidad. Gastar US$400 o más millones de dólares en un año sólo para quemar, regalar y consumir un petróleo que, en parte, está financiado con préstamos externos, es algo que tiene que conmover la sensibilidad de un país que vive en medio de tantas necesidades y precariedades.
Todo lo anterior debe hacerse en breve plazo, pues la competencia que enfrenta el país no nos dará ni un día de tregua, de manera que igual plazo debemos dar para la solución de este problema básico tan fundamental. Aquí no hay espacio para justificaciones ni dilaciones. Es momento de resolver ya la larga y angustiosa crisis del sector eléctrico y cambiar la cultura del robo y apagones por la del pago y disponibilidad permanente de energía eléctrica de calidad.
Política Monetaria.
La política monetaria ha venido siendo manejada con prudencia. La inflación se mantiene bajo control. Esto ha sido posible, en parte, por el uso de los certificados como mecanismo para regular el crecimiento de la base monetaria. Sin embargo, esto que luce conveniente en el corto plazo, quizás no lo sea tanto en el mediano y largo, ya que se hace a costo de crear una deuda cuasi fiscal que puede generar incertidumbres y riesgos en el futuro.
Llama la atención el hecho de que las últimas cartas de intención han contemplado una holgura amplia para el crecimiento de la base monetaria, que en la práctica no se ha producido. Entendemos que esto se justifica parcialmente por la necesidad de contrarrestar en determinado momento los efectos de una política fiscal expansiva, pero en otros no ha existido tal justificación. Y esto ha sido determinante en el comportamiento de una variable básica como lo es el tipo de cambio, que incide en un sentido o en otro en el nivel de competitividad del aparato productivo. Para buena parte de la clase política, el tipo de cambio se ha constituido en una especie de tabú o de figura demoníaca que debe ser exorcizada, posición hasta cierto punto entendible a la luz de nuestras frustraciones acumuladas en nuestra historia económica reciente. Creemos que ha llegado el momento de devolver su verdadero sentido a esta variable y, en consecuencia, abordarla sin ningún temor. Se ha demostrado que la devaluación, como política o práctica, es riesgosa e indeseable porque genera inflación, crea incertidumbres y termina alejando los capitales. Creemos que esa visión la comparte mucha gente. De ahí la importancia de mantener la estabilidad.
Lo opuesto a la devaluación es la apreciación o revaloración de la moneda que, aunque puede ser muy popular, debemos reconocer que también es riesgosa ; abarata los productos importados; penaliza con un impuesto cambiario a la producción orientada al mercado local o al exterior; incrementa el riesgo cambiario y bancario; y somete al país a la expectativa de un ajuste futuro que, en el mejor de los casos, puede resultar relativamente benévolo, y en el peor, traumático.
El país ya tiene, por sus propias condiciones, elementos que tienden a apreciar la moneda, como es el caso de las remesas, que son el fruto lamentable de la incapacidad de las políticas aplicadas para retener población trabajadora y que causa efectos parecidos a la llamada enfermedad holandesa.
En el justo medio está la equidistancia, ni devaluación ni apreciación, difícil de lograr, pero no imposible . Consiste, sin pretender introducir ahora temas eminentemente técnicos relacionados con las productividades relativas, en alinear el tipo de cambio con el dólar, de forma que cualquier diferencial de inflación con el principal socio comercial, Estados Unidos, sea compensado a través de movimientos en el tipo de cambio que sigan, aproximadamente, la tendencia.
En otras palabras, si los costos internos suben más que los de Estados Unidos, entonces el tipo de cambio nominal debería subir; pero si los costos internos suben menos, entonces debería bajar. Esto sería neutral para el aparato productivo, ya que no existirían ni subsidios ni penalizaciones. También sería neutral para el consumidor. Y esto facilitaría la competencia leal con los competidores extranjeros. Según el reciente informe de la CEPAL titulado " Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2006" la República Dominicana, junto a algunas naciones centroamericanas, está entre los países que apreciaron sus monedas en el 2006, incluyendo, claro está, a los países petroleros de la región. Los anteriores son resultados que invitan a la reflexión y constituyen una oportunidad para revisar con sentido crítico el efecto de políticas que se aplican, que producen resultados tal vez positivos en algunos aspectos, pero que contienen otros que deben ser evaluados.
Un ejemplo de lo que decimos es lo siguiente: En los últimos 31 meses, a enero del 2007, el índice de precios al consumidor ha subido en 11.8%, mientras el índice del tipo de cambio ha bajado en 31.1%. Es decir, los costos internos de nuestras empresas han seguido subiendo, mientras el tipo de cambio ha bajado. Esto significa pérdida de competitividad, que se traduce en pérdida de empleos productivos, de ingresos y de rentabilidad y que en el corto y mediano plazo se sostiene en base a la descapitalización
de estos sectores, por lo que es insostenible en un plazo largo.
Es tiempo ya de revisar esta política que, ciertamente ha rendido sus frutos en su momento, pero que ante una circunstancia diferente debe ser modificada por otra que mantenga la estabilidad y confianza, pero teniendo como eje el impulso a los sectores productivos, que es lo único que crea riqueza real y verdadera solidez económica. Las autoridades monetarias cuentan con la suficiente experiencia, madurez y receptividad para reflexionar, sin presiones, sobre los planteamientos que hemos presentado sobre este tema.
Entorno Tributario y Fiscal.
En los últimos seis años, hemos tenido cinco reformas tributarias. En este momento el sector empresarial está inmerso en un proceso severo de fatiga tributaria. Lo que es peor, cada vez que se produce una reforma de este tipo los indicadores fiscales suben por un tiempo y luego vuelven a la posición anterior. La razón es que no se trata de verdaderas reformas, sino de improvisaciones tendentes a resolver apremios fiscales de corto plazo, que dejan abierta o ensanchan la brecha entre los que pagan y los que no lo hacen. La consecuencia es que la evasión crece y las empresas formales enfrentan una competencia desleal cada vez más acentuada.
Por tanto, es tiempo también de ordenar racionalmente el universo tributario y el fiscal. Por un lado, los impuestos, salvo excepciones bien justificadas, no deben convertirse en costos para las empresas; eso debe ser un requisito básico. Asimismo, el sistema tributario no debe ser usado con fines de ejecutar políticas redistributivas, ya que eso crea fuertes distorsiones y facilita el camino a la evasión.
Esa no es la vía adecuada, pues el propósito redistributivo se consigue con mayor eficiencia a través del gasto público. Asimismo, estamos conscientes de que los tributos deben ser suficientes para que el Estado ejerza adecuadamente sus roles, con la condición indispensable de que el gasto sea estrictamente racional.
En consecuencia, cuando las circunstancias lo ameriten, creemos en la conveniencia de revisar toda la estructura tributaria, de manera integral, para que esta sea duradera, lograda por consenso entre las fuerzas políticas y sociales, orientada a ampliar la base, reducir la evasión, eliminar impuestos que actúan como costos para las empresas, simplificar el sistema, bajar las tarifas hasta el límite de lo posible, a la vez que las recaudaciones alcancen un nivel de suficiencia adecuado para atender las necesidades del país.
Por otro lado, el gasto público tiene que ser objeto de revisiones profundas, que justifiquen el esfuerzo que se haga por el lado tributario. De lo contrario, no valdría la pena hacer nada.
Es propicia la ocasión para llamar la atención sobre la ausencia en el país de una política definida de remuneraciones públicas. Es correcto que los ejecutivos de alto nivel reciban la remuneración que corresponde a su capacidad y altas responsabilidades públicas que desempeñan. Pero la misma debe estar expresada en un salario definido, de carácter público y transparente, acorde con lo aplicado a cualquier servidor público. No es admisible que se recurra a mecanismos de remuneración disfrazados de comisiones, incentivos especiales injustificables, sobresueldos, reembolsos de impuestos, etc.
Por otro lado, debemos fomentar un acuerdo dirigido a contener el endeudamiento externo e interno, pues ya nos acercamos a cifras de servicio de la deuda fiscal y cuasi fiscal casi insostenibles. Somos partidarios de la imposición de topes al endeudamiento, incluyendo el cuasi fiscal. La meta debe ser reducir la deuda externa e interna nominal, año tras año, hasta alcanzar parámetros que sitúen la externa no más allá del 20% del PIB, y la interna, incluyendo la cuasi fiscal, no más allá del 5% del PIB.
Esto implica estimular el ahorro público corriente, para usarlo en inversión, así como empezar ya a reducir, año por año, la deuda cuasi fiscal.
Compartimos la visión de otorgar concesiones para la realización de obras importantes de infraestructura s, sin olvidar que siempre corresponderá al Estado garantizar el interés público en lo relativo a la calidad, mantenimiento y costo de las obras. Además, el gasto en infraestructuras debe ser prioritario, en tanto que es indispensable para que la inversión privada pueda realizarse en condiciones óptimas y confiables.
De igual manera, el gasto debería de orientarse predominantemente hacia la educación. La meta debe ser alcanzar una educación de calidad comprobable. Para eso hacen falta muchas acciones, entre ellas reeducar y formar a los profesores y remunerarlos adecuadamente por su servicio; concebir y ejecutar un verdadero plan nacional de educación que promueva el desarrollo integral del individuo personal y académicamente; e inducir un cambio cultural que nos lleve a considerar cualquier dilación en el proceso de aprendizaje como una alta traición a la patria.
Lo anterior implica asignar recursos suficientes a la educación, tantos o más que los ya contenidos en las leyes actuales que no se cumplen. Y, además, acordar con los colegios privados modalidades de financiamiento público que permitan la incorporación de esos locales al proceso. Pero, sobre todo, se requiere de una voluntad política decidida y convencida de que el desarrollo pasa, inexorablemente, por elevar resueltamente el nivel educativo de la población.
Si lo hacemos así podríamos aspirar a convertir la cifra de 12 años de permanencia en las aulas en aquellos jóvenes con 18 años de edad, en una cifra que refleje no solo la permanencia sino el aprovechamiento cabal de ese tiempo, sin varios años de repetición de cursos y sin pérdida absurda del tiempo de asistencia.
El otro aspecto vital del gasto es aquel que se dirige a salud y pensiones. Entendemos que en su mayor parte debe de ser canalizado a través del sistema de seguridad social. En otras palabras, el gasto público debe ser la herramienta más poderosa para reducir la exclusión social y mejorar la desequilibrante redistribución de la riqueza, mediante la creación de condiciones que provean oportunidades amplias de redención social a las familias de menores ingresos.
Acceso al Financiamiento.
Competir pasa también por crear facilidades de financiamiento para negocios de distinto tamaño y, en especial, para las pequeñas y medianas empresas. El ahorro nacional está siendo estimulado por la existencia de los fondos de pensiones, y por los consiguientes aportes que hacen mensualmente trabajadores y empresas. Esta es la fuente ideal de financiamiento de proyectos de maduración en el largo plazo . Estos fondos ya superan los RD$35,000 millones. Y continuarán creciendo.
Ahora se discute en los medios oficiales si el destino de estos recursos pudiera dirigirse, parcialmente, hacia inversiones en certificados del Banco Central o en proyectos públicos de infraestructura s para obras otorgadas en concesión. Hasta ahora no hemos escuchado a nadie expresarse sobre la importancia de canalizar estos fondos en mayor medida hacia la actividad productiva privada.
Queremos llamar la atención a nuestras autoridades para que traten de evitar cualquier contaminación del sistema, ya que esto podría frustrar las esperanzas de mucha gente que ha asociado su futuro a estos fondos; conocemos de quiebras de sistemas de pensiones en el mundo donde, precisamente, por un mal manejo se han visto imposibilitados de hacer frente oportunamente a sus obligaciones. Sugerimos que se busquen los mecanismos adecuados, dentro del marco de la ley, para que las empresas dominicanas que califiquen puedan tener acceso a estos importantes recursos, para lo cual el Estado podría contribuir creando fondos de garantía para las medianas y pequeñas y estableciendo condiciones regulatorias que permitan hacer mástransparentes y confiables su información financiera, de modo que puedan calificar para el uso de estos fondos.
La otra fuente financiera importante es el sistema bancario. No obstante, por su naturaleza estos recursos tienen más vocación de ser prestados para capital de trabajo; es decir, a un plazo no tan largo. Pero son relevantes como fuente complementaria.
La mayor dificultad para el acceso a este financiamiento se relaciona, primero, con la disponibilidad de estados financieros que califiquen, pues muchas empresas arrastran debilidades de registro y de actualización de información. Y, segundo, con algunos aspectos de las normas de evaluación de activos de riesgo, que quizás pudieran ser ajustados a la nueva realidad del sistema financiero dominicano y a las necesidades de financiamiento productivo que demandan las empresas en momentos de la entrada en vigencia del RD-CAFTA.
Apoyo Logístico.
En este apartado vamos a referirnos al apoyo que el Estado debe prestar al sector productivo para facilitar la ubicación de nichos de exportación, contactos con eventuales importadores de otros países, orientaciones sobre el entorno de negocios en esos países y, en fin todo lo relativo al apoyo que se requiere para que un productor o comerciante local pueda iniciarse con éxito en los mercados externos. En esto confiamos en la labor que realizan nuestras autoridades. De lo que se trata, no obstante, es de enfatizar que los esfuerzos tienen que redoblarse en esta materia, sobre todo al inicio de la vigencia del CAFTA; es decir, no debemos dejar a la inercia del mercado el aprovechamiento de oportunidades de negocios en el mercado estadounidense, sino emprender una campaña agresiva de orientación y de encauzamiento de eventuales negocios de exportación. Por otro lado, el transporte sigue siendo un dolor de cabeza para las empresas, tanto el interno como el internacional. Postulamos porque el transporte interno se convierta en competitivo y de libre acceso, en vez de estar sujeto a restricciones monopólicas que encarecen los costos. Esto incluye al transporte desde y hacia los muelles, pero también fuera de ellos. Es cierto que al exterior no podemos trasladar impuestos, pero tampoco costos monopólicos de transporte. Por tanto, instamos a las autoridades para que revisen las normas y prácticas de transporte interno de mercancías y procedan a liberalizar, con carácter de urgencia, este servicio.
A propósito del tema transporte, es justo que algún día la sociedad dominicana cuente con un sistema adecuado de trasporte de pasajeros. El transporte urbano en el país se caracteriza por ser en extremo deficiente, incómodo, caótico, riesgoso y costoso. Pocas sociedades tienen que destinar al transporte un porcentaje tan elevado de sus ingresos familiares como la dominicana. Difícilmente aparezca un medio de transporte tan caro como el motoconcho, por ejemplo. Estas mismas razones inducen el uso tan abusivo de automóviles privados, y se juntan con la habitual violación de las leyes de tránsito y el incumplimiento de las más elementales normas de comportamiento en las vías para generar una sensación penosa del tránsito en el país. Son estas cosas las que las políticas públicas tienen que atacar.
Aspectos Políticos.
En esta área se pueden mencionar muchas aristas, pero nos limitaremos a mencionar sólo algunas, ya que la primera parte aquí abordada, dedicada a la economía, se ha extendido mucho. Claro está que estamos obligados a referirnos, aún brevemente, a la reforma constitucional, objeto de ingentes esfuerzos desplegados por el Poder Ejecutivo y por un grupo de prestigiosos juristas que trabajan en la elaboración de su contenido. Comprendemos que el país merece tener una constitución moderna, sencilla y práctica, que refleje no sólo el advenimiento del nuevo siglo sino también las complejidades del mundo de hoy.
En este sentido entendemos que la decisión de modificación a la Constitución, debe servir de escenario para que tracemos grandes acuerdos que sean traducidos al plano constitucional sobre la nación que los dominicanos queremos tener. Las reformas a la Constitución de la República deben limitarse en lo posible a plantear principios, sin que caigamos en excesos de pretender dotar de rango constitucional a
diversos aspectos que se entiende erróneamente sólo serían cumplidos si se consagran en nuestra Carta Magna.
Con relación al actual proceso de modificación de la Constitución deseamos destacar algunas propuestas que en su oportunidad sometimos a la evaluación de la Comisión encargada:
Ratificación de tratados de integración:
Estamos de acuerdo con que se implementen mecanismos para garantizar una mayor conciencia y respaldo de la ciudadanía antes de proceder a la ratificación de acuerdos de integración con otros países; en consecuencia, consideramos que una forma de fomentar ello es ampliando el número requerido para la ratificación legislativa de dichos tratados.
Al respecto, estimamos prioritario trazar un plan integral del país que permita identificar los pasos y acciones a corto, mediano y largo plazo que debe seguirse para la integración, a fines de evitar participar en todas las propuestas de negociación de acuerdos comerciales, sin tener identificado de manera efectiva cuál de las mismas es más prioritaria que otra y cuáles efectos económicos tendría sobre nuestros sectores productivos.
b) Requisitos y condiciones para la creación de municipios y provincias: Dado la atomización que se ha producido en el país por la excesiva aprobación de nuevas demarcaciones, somos de opinión que deben existir condiciones especiales para la creación de nuevos municipios y provincias y señalarse criterios claros y objetivos.Estos criterios deben permitir asegurar un uso eficiente de los recursos socioeconómicos que serían requeridos para llevar a cabo la creación de un municipio o provincia, la disponibilidad de los mismos y los beneficios para la provincia y para el país que dicha creación supondría.
c) Fortalecimiento o ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales: Entendemos necesario el fortalecimiento de los derechos económicos, especialmente el de la libre empresa, así como los derechos sociales y culturales existentes y el reconocimiento constitucional de ciertos derechos fundamentales, tales como la autodeterminación informativa referente a la protección de los datos de carácter personal; derecho a la intimidad; derecho a la información pública por parte de los particulares; derecho a un medio ambiente sano y su protección, entre otros.
d) Control del Congreso sobre el gasto público:
El Congreso debe tener un control más amplio sobre el manejo del gasto público, debiendo establecerse la obligatoriedad por parte del Poder Ejecutivo de publicar a principios del año siguiente la cuenta general de los ingresos y egresos del año anterior, así como la exigencia de que estas cuentas sean conocidas y aprobadas por la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.
e) Normas sobre la Administración Pública:
La Constitución debe establecer normas sobre la administración pública, asegurando la apertura de la administración y su transparencia, así como estableciendo las bases de un nuevo concepto de administración responsable, basada en la rendición de cuentas y en la debida sanción a las violaciones a las leyes cometidas por funcionarios.
Por otro lado y siempre sobre el tema de la reforma a la constitución, nos inquieta la dispersión política de nuestra organización territorial y el consecuente gigantismo alcanzado por el Congreso Nacional y los municipios. Somos parte de un territorio insular, con una extensión que, de ninguna manera, justifica la explosión de representantes ante el poder legislativo y municipal.
También es hora de reducir el número de miembros del tribunal electoral, que fue aumentado sucesivamente para resolver crisis coyunturales. Es hora, además, de separar el ministerio público del control político del ejecutivo.
Y hora de redimensionar los cuerpos armados, de modo que se mantenga para las labores de defensa un cuerpo eficiente y altamente capacitado y bien retribuido, sin la sobreabundancia de recursos humanos . Y, sobre todo, hay que revisar el escalafón para hacerlo cónsono a la realidad institucional, lo que implica bajar la inflación de jerarquías y llevarla a los parámetros internacionales.
Es hora de redimensionar los ayuntamientos para que cada servidor ejecute una labor constructiva y necesaria, de modo que los recursos disponibles sean utilizados óptimamente.
Es hora de revisar los puestos y funciones de la administración central y de ponerla en su totalidad al servicio pleno del desarrollo nacional y descargarla de prosélitos, y de todos aquellos sin motivación suficiente o la capacidad necesaria para la prestación de servicios públicos de calidad.
Es tiempo de llevar mayor racionalidad a los organismos autónomos y descentralizados y a las empresas públicas.
Es hora de reglamentar las retribuciones que deben regir para el sector público y sus diversas instituciones, teniendo en cuenta sus peculiaridades, cuidando que se correspondan con niveles dignos y competitivos.
En fin, podríamos seguir, pero el sentido de lo que queremos decir ya ha quedado expuesto: Es hora ya de reorganizar este país como Dios manda, y empezar a poner cada cosa en su lugar, desde el uso adecuado de los recursos, hasta el ordenamiento de las funciones.
En otras palabras, hay que desterrar el fantasma que nos acecha de la estampa que se nos quiere endilgar de una presunta etiqueta de Estado fallido, que duele en el alma a todos aquellos que creemos en el potencial del país, y cambiarla por la imagen de un Estado fuerte, funcional, organizado, capaz de cumplir y hacer cumplir las leyes y normas, afianzar la segu ridad jurídica y ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.
Otro tema que deseamos tocar es el de la separación de las elecciones en el tiempo o, como sugieren algunos, que se hagan coincidir en fechas cercanas . Conocemos las razones de la separación: evitar el arrastre de la candidatura presidencial y estimular el surgimiento del liderazgo provincial o local. Creemos que se ha avanzado en ese aspecto.
La crítica surge por la fatiga que causa contemplar al país que prácticamente no sale de una campaña electoral. Y verificar como las decisiones políticas se condicionan al hecho de la proximidad de cada elección. Siendo así, tal vez resulte prudente mantener la separación, pero celebrar las elecciones en períodos diferentes del mismo año, de modo que primero se celebren las congresuales y municipales y, varios meses después las presidenciales. Y algo más: no es posible que las campañas se alarguen tanto; con un par de meses es suficiente; esto implica no permitir propaganda política (vallas, televisión o radio) ni reuniones en espacio abierto fuera de ese período.
Institucionales y Cívicos.
Sabemos que el desarrollo económico exige, además de políticas económicas racionales, instituciones que funcionen, en este sentido, hemos logrado grandes avances en los últimos años, pero los desafíos del momento nos imponen redoblar los esfuerzos. Una gestión pública eficaz conlleva el imperio de la ley, instituciones públicas y privadas efic