My OperaAportación gubernamental al desarrollo
Wednesday, February 20, 2013 6:00:07 PM
Cuando se piensa en la aportación que puede hacer el gobierno al desarrollo económico, normalmente la atención se centra en el gasto gubernamental; sin embargo, no es el de mayor relevancia.
Desde el siglo pasado, y lo que va de éste, el gobierno ha gastado trillones de pesos y México sigue siendo un país con un nivel de desarrollo económico de nivel medio, tal como lo muestra nuestra posición (57) en el índice de desarrollo económico que elabora la ONU. A pesar de todos estos recursos gastados por el gobierno, casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza patrimonial, lo que permite deducir que el gobierno gasta muy mal, desperdiciando una enorme cantidad de recursos en programas mal diseñados, en programas que no tienen socialmente ninguna justificación y en programas que, desde una perspectiva de la distribución del ingreso, son regresivos.
Aunque el gasto gubernamental en infraestructura pudiese hacer una contribución al crecimiento y al desarrollo económico (y no todo; ahí está la refinería del Bicentenario, un proyecto con valor presente neto negativo), la principal aportación que el gobierno puede hacer al desarrollo es dotar a la sociedad de un conjunto de reglas formales que generen los incentivos adecuados para una asignación eficiente de los recursos, particularmente el que los incentivos se alineen con el objetivo de crecimiento. Y es precisamente en esto en donde el gobierno falla.
El marco legal tiene tres objetivos: definir y garantizar los derechos privados de propiedad; procurar que todos los mercados operen en un contexto de competencia, y permitir el surgimiento de nuevos mercados.
Respecto del primero, en México, los derechos privados de propiedad están deficientemente definidos, ya que, desde la Constitución, la propiedad privada es considerada como un derecho derivado, al ser todos los recursos propiedad de la nación y sujetos a ser expropiados. El Poder Judicial tiene como función primordial proteger los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno y garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el gobierno. Cuando se observa que un juicio ejecutivo mercantil dura en promedio siete años, indica que en México la protección de los derechos privados de propiedad es muy deficiente, además de ser un proceso plagado de corrupción.
En cuanto al segundo objetivo, en México no se cumple. Tenemos una legislación y regulación que impide que muchos mercados no operen en un contexto de competencia. Altas barreras derivan en la persistencia de prácticas monopólicas que les permite apropiarse de rentas, con un enorme costo en bienestar para los consumidores, prácticas que además inhiben el crecimiento económico.
Finalmente, el tercer objetivo, la aparición de nuevos mercados. Nuevamente, la existencia de un marco regulatorio deficientemente diseñado, que impone altas barreras de entrada y salida, genera muy altos costos de transacción que inhiben la movilidad de los recursos de producción y el surgimiento de nuevos mercados, lo que también inhibe el crecimiento.
Se requiere un profundo cambio en la forma en que el gobierno ve su lugar en la economía para alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Desde el siglo pasado, y lo que va de éste, el gobierno ha gastado trillones de pesos y México sigue siendo un país con un nivel de desarrollo económico de nivel medio, tal como lo muestra nuestra posición (57) en el índice de desarrollo económico que elabora la ONU. A pesar de todos estos recursos gastados por el gobierno, casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza patrimonial, lo que permite deducir que el gobierno gasta muy mal, desperdiciando una enorme cantidad de recursos en programas mal diseñados, en programas que no tienen socialmente ninguna justificación y en programas que, desde una perspectiva de la distribución del ingreso, son regresivos.
Aunque el gasto gubernamental en infraestructura pudiese hacer una contribución al crecimiento y al desarrollo económico (y no todo; ahí está la refinería del Bicentenario, un proyecto con valor presente neto negativo), la principal aportación que el gobierno puede hacer al desarrollo es dotar a la sociedad de un conjunto de reglas formales que generen los incentivos adecuados para una asignación eficiente de los recursos, particularmente el que los incentivos se alineen con el objetivo de crecimiento. Y es precisamente en esto en donde el gobierno falla.
El marco legal tiene tres objetivos: definir y garantizar los derechos privados de propiedad; procurar que todos los mercados operen en un contexto de competencia, y permitir el surgimiento de nuevos mercados.
Respecto del primero, en México, los derechos privados de propiedad están deficientemente definidos, ya que, desde la Constitución, la propiedad privada es considerada como un derecho derivado, al ser todos los recursos propiedad de la nación y sujetos a ser expropiados. El Poder Judicial tiene como función primordial proteger los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno y garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el gobierno. Cuando se observa que un juicio ejecutivo mercantil dura en promedio siete años, indica que en México la protección de los derechos privados de propiedad es muy deficiente, además de ser un proceso plagado de corrupción.
En cuanto al segundo objetivo, en México no se cumple. Tenemos una legislación y regulación que impide que muchos mercados no operen en un contexto de competencia. Altas barreras derivan en la persistencia de prácticas monopólicas que les permite apropiarse de rentas, con un enorme costo en bienestar para los consumidores, prácticas que además inhiben el crecimiento económico.
Finalmente, el tercer objetivo, la aparición de nuevos mercados. Nuevamente, la existencia de un marco regulatorio deficientemente diseñado, que impone altas barreras de entrada y salida, genera muy altos costos de transacción que inhiben la movilidad de los recursos de producción y el surgimiento de nuevos mercados, lo que también inhibe el crecimiento.
Se requiere un profundo cambio en la forma en que el gobierno ve su lugar en la economía para alcanzar mayores niveles de desarrollo.
