Ruido...

Un juez obliga a un pub ruidoso a indemnizar a un granadino por cuatro años de insomnio
Le reconoce la cantidad íntegra que solicitó por daño moral: 21.456 euros. La sentencia es la primera dictada en Granada de sus características.

José Ignacio Allúe vio hace tres años cómo la Audiencia Provincial de Granada echaba por tierra su empeño en que el dueño de un pub de Granada fuese condenado por los insoportables cuatro años de insomnio que le hizo pasar a causa del ruido que generaba su local. El citado tribunal, cuando aún no existían muchos precedentes penales en estos casos, consideró que no había delito por el siguiente motivo: «no afectaba a una colectividad». Pero este granadino no cejó en su empeño y continuó pleiteando.

Ahora, la titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Granada le ha dado la razón en una sentencia, pionera en la provincia, en la que obliga al dueño del establecimiento a indemnizarle con algo más de 21.400 euros por los perjuicios sufridos entre 1995 y 1999. Ha costado diez años de lucha en los tribunales. Pero ayer, al conocer el fallo, reconoció que «merece la pena la constancia». Y no por la cantidad, que es exactamente lo que solicitó, sino «el reconocimiento moral».

La sentencia, firmada por la jueza Angélica Aguado, no deja lugar a dudas en su fallo sobre la responsabilidad que el propietario del bar, el ya conocido 'pub Salsa', tuvo en la nula calidad de vida y problemas de salud que sufrió el demandante por el ruido del bar ubicado justo debajo de su casa.

Multas municipales

Apela así la sentencia a los expedientes y posteriores multas a instancia del Ayuntamiento de Granada contra el dueño del pub, que acreditan «el incumplimiento de las obligaciones del dueño, por no respetar las horas cierre, tener más aforo del permitido legalmente y tener un volumen de la música a unos decibelios que necesariamente provocaba niveles de ruido en la vivienda del demandante que hacía imposible a sus moradores vivir con normalidad». Con esto, añadido a los «cuatro años de constantes denuncias al Ayuntamiento, llamadas a la Policía Local, a la Policía Nacional, escritos ante la Fiscalía, la delegación del Gobierno, reuniones en la comunidad de vecinos, etc.», la jueza considera «evidente» la actuación «antijurídica» del demandado.

Sobre la cantidad económica solicitada, estima que es perfectamente indemnizable, ya que no «parece excesiva».

La sentencia incluye, además, otro aspecto tan novedoso como relevante. Y es que, parte de la indemnización se debe a que el demandante tuvo que «malvender» su piso por los problemas que generaba el pub. «Ahora vivo de alquiler en San Antón y me he cuidado mucho de que en los bajos haya de todo, menos bares», apuntaba ayer con cierta ironía Allúe.

Lo que rechaza la jueza es la indemnización solicitada por la esposa de José Ignacio Allúe por el síndrome ansioso depresivo sufrido por el ruido del bar. La no comparecencia de un perito médico en el juicio que acreditase que las fechas de la dolencia coincidía en el tiempo con los problemas de ruido en casa.

Una puerta abierta

La sentencia de Primera Instancia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial aún. Por el momento, Allúe se considera «satisfecho» y no interpondrá recurso. Aunque los letrados de este granadino sostienen que, con toda probabilidad, el dueño del pub Salsa sí lo hará.

José Miguel Castillo-Calvín, abogado del caso, indicó ayer a IDEAL que la sentencia abre la puerta a muchas personas que sufren el ruido en sus casas. Aunque critica, de cualquier modo, que la Justicia en este caso ha vuelto a «mostrarse muy lenta» para dar respuesta al ciudadano.

Por su parte, Allúe se da por pagado con la razón que le han dado los tribunales, aunque dice haberle costado mucho olvidar los daños. «Costó volver a la vida normal, acostarse sin miedo a no poder dormir», recuerda. Después de todo, tiene unas palabras de agradecimiento al dueño del pub que le hizo la vida imposible: «Tanta lucha jurídica me ha valido para licenciarme en Derecho y tener un máster en Medio Ambiente».

El Ayuntamiento instalará aparatos para medir los decibelios en la zona. Los vecinos presentan cinco denuncias al mes por el alboroto de los ‘pubs’.

Los vecinos de la zona del Orzán viven desde hace años amargados por el ruido que cada fin de semana les deja la movida en la calle. Pero a partir de enero tendrán un arma más para saber a cuántos decibelios se enfrentan.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, instalará dos medidores para conocer los niveles de ruido: uno, en la plaza del Humor, epicentro de los botellones de la ciudad; y otro, en la zona de los pubs. Según explican los técnicos, serán aparatos en forma de caja con una pequeña antena para medir los decibelios las 24 horas del día. Y es que en una noche de auténtica marcha, los vecinos de este barrio llegan a soportar hasta 80 decibelios (lejos de los 60 recomendados por la Organización Mundial de la Salud).

Funcionarán...

... en enero: Los medidores se instalarán a finales de este año para que estén a pleno rendimiento en el mes de enero. «Es un complemento más del mapa de ruidos, y los datos nos llegarán directamente a Medio Ambiente», afirma un técnico. Una vez obtenidos los datos, si se pasan los límites, el Consistorio tiene previsto poner en marcha planes de acción, como adelantar la hora de cierre de los locales de ocio.

Una medida...

... bien acogida: Los vecinos del Orzán aplauden esta iniciativa, aunque reclaman un mayor control policial. «Cada mes presentamos entre cuatro y cinco denuncias por los ruidos de los pubs», dice la presidenta vecinal, Aure López.

Medirán Juan Flórez y A Grela

El Ayuntamiento quiere combatir con estos medidores los elevados niveles de ruido de la ciudad. Por eso, además de en el Orzán, se instalarán otros dos aparatos en la calle Juan Flórez y la avenida de Alfonso Molina, donde el tráfico eleva el nivel de ruidos hasta los 80 decibelios. Medio Ambiente también colocará un medidor en el polígono industrial de A Grela, otro de los focos más ruidosos por la concentración empresarial.

La Guardia Municipal multa por exceso de ruido a una de cada diez motos que examina.
Entre 2005 y 2006 han sido sancionados en Donostia un total de 70 conductores.
Los motoristas inciden en que los vehículos trucados son los únicos que generan demasiados decibelios.

Donostia. La Guardia Municipal ha multado a un total de 70 motos en Donostia por superar los niveles de ruido permitidos durante todo el año 2005 y los primeros nueve meses de 2006. Concretamente, en uno de cada diez controles que han hecho los agentes los resultados de la medición acústica indicaban que los vehículos emitían demasiados decibelios. Son datos ofrecidos por el Ayuntamiento donostiarra, que en su última sesión plenaria aprobó reducir en tres los decibelios autorizados para los vehículos de dos ruedas que transiten por la ciudad.

Esta medida no ha sido recibida con satisfacción por parte de los miembros del Real Moto Club de Gipuzkoa. El presidente de la asociación, Aritz Mendizabal, incide en que las motos corrientes no superan el nivel de ruido permitido cuando circulan, y que son solamente los tubos de escape o motores trucados los que pueden emitir más decibelios y, por lo tanto, los susceptibles de ser multados.

Mendizabal recuerda que, aunque últimamente son más escasas, hasta hace unos meses recibían bastantes quejas por parte de socios del Real Moto Club que habían sido sancionados por contaminación acústica y que mostraban algunas dudas de que los resultados de las mediciones fueras los correctos. "Barajamos incluso la posibilidad de adquirir un aparato para que los socios puedan medir el ruido y tener así otra referencia, además de la de los policías", comenta Mendizabal.

También el responsable de una tienda especializada en motos del barrio de Gros, Luis de Miguel, insiste en que las normativas que afectan a los fabricantes de motos son muy exigentes y que tanto su potencia como otros aspectos técnicos están homologados por normativas europeas y estatales, de manera que sus motores no emiten un ruido mayor que el autorizado por la legislación. Además, comparte con Mendizabal la impresión de que son cada vez menos los jóvenes que trucan las motos y generan demasiado ruido: "Entre otras cosas, eso para ellos supone tener que pasar por el taller mucho más a menudo", apunta De Miguel.

Asimismo, subraya que el comprador tipo de una moto ha variado en los últimos años: en lugar de jóvenes de alrededor de 16 ó 18 años que adquirían ciclomotores pequeños, ahora venden principalmente vehículos más grandes a personas más adultas, "que los necesitan básicamente como un medio de transporte para desplazarse por la ciudad y quieren tener el menor número de problemas posibles".

Los ruidosos son pocos: De Miguel coincide con Mendizabal al señalar que, en su opinión, son pocos los conductores que provocan un ruido excesivo "y los que dan mala fama al resto de motoristas", como apunta el presidente del Moto Club. De todos modos, y aunque considera que reducir tres decibelios el nivel de ruido permitido en Donostia es "pecata minuta", considera que adoptar este tipo de decisiones que afectan a las motos "es buscar complicaciones, cuando lo que deberían hacer es favorecer el uso de este medio de transporte en la ciudad".

Además, también insiste en que las motos no son los vehículos que más ruido emiten en las calles ni de día ni de noche en comparación con autobuses o camiones, por lo que no considera necesario adoptar este tipo de medidas restrictivas exclusivamente con los automóviles de dos ruedas. Así, considera que la decisión se ha tomado para tratar de dar una respuesta a los ciudadanos que se quejan por soportar demasiado ruido y no porque exista un problema real con las motocicletas.

Normativa: Como consecuencia de las propuestas aprobadas por el Pleno donostiarra en la sesión del pasado martes, la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Acústica ha variado y registra en cada categoría un máximo autorizado de tres decibelios menos que hasta ahora.

Así, los ciclomotores de menos de 50 centímetros cúbicos ya no podrán emitir más de 89 decibelios, en lugar de los 92 autorizados anteriormente; los vehículos de hasta 80 centímetros cúbicos no podrán superar los 93, las motocicletas de hasta 175 centímetros cúbicos podrán llegar sólo hasta los 95 decibelios y, finalmente, los vehículos de una cilindrada superior no deberán pasar los 98, en lugar de los 101 que marcaban el máximo permitido hasta ahora en Donostia.

NO SE TRATA DE UNA DEFENSA ROMÁNTICA DE LA NATURALEZA.

El tema ambiental y su adecuada gestión tienen una importancia creciente en la medida en que observamos una acelerada tendencia de deterioro y degradación de las condiciones ambientales frente a la urgente ejecución de políticas efectivas a favor del desarrollo sostenible.

El movimiento ambientalista es legítimo protagonista en el abordaje de los problemas que afectan nuestra calidad de vida. Ello está ligado estrechamente al desarrollo de los sistemas democráticos, al progreso de las libertades civiles y el adecuado consenso para un desarrollo humano e integral.

Para nadie es nuevo que nuestra ciudad está afectada por el crecimiento urbano desordenado, el colapso circulatorio, la reducción de áreas verdes, el pésimo transporte público, la contaminación acústica, las condiciones insalubres de nuestros ríos y de la bahía de Panamá, la proliferación de proyectos y megaproyectos que no cumplen con las normas ambientales correspondientes, etc.

Además, la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA), previo al referéndum para el proyecto de ampliación del Canal y la reciente aprobación del Decreto Ejecutivo No.209 de 5 de septiembre de 2006, que permite sospechosamente que en ciertos casos los promotores no cumplan con los EIA, sumado al Acuerdo No.116 de 27 de julio de 2006, por el cual el administrador del Canal, actuando como juez y parte, podrá realizar y aprobar el EIA de la ampliación, revela una total falta de transparencia, presiones políticas y económicas de los grandes intereses nacionales e internacionales.

No se trata de un discurso conservador contra el progreso, ni una defensa romántica de la naturaleza. Es un asunto complejo que requiere comprender la relación que tenemos con el ambiente y la forma con que ésta afecta nuestras relaciones a presente y a futuro, proponiendo un desarrollo no-depredador ni cortoplacista, y comprometido con la vida digna, sin olvidar que la pobreza, el atraso tecnológico y la falta de ética determinan muchas de las acciones que queremos combatir.

Lo anterior no constituye algo exagerado y paralizador del progreso, como ciertos individuos pregonan con la clara intención de confundir y distorsionar. La vida en sociedad nos impulsa a compartir de manera ordenada el espacio a través de una planificación urbana adecuada, cuyo norte sea la sostenibilidad de las decisiones sobre dónde y cómo se construyen los centros comerciales, industriales y residenciales, incluyendo las vías y los medios de transporte, el acceso efectivo a servicios públicos de primera necesidad, además de la satisfacción de las necesidades recreativas, físicas, espirituales de las personas y el respeto por los sitios y monumentos que son patrimonio histórico y cultural.

El movimiento ambientalista seguirá firme, con base legal y científica, exigiendo al Estado el derecho a un ambiente sano, como derecho impostergable del que depende nuestra propia superviviencia, fomentando el desarrollo urbano y fortaleciendo la concienciación de la población, haciéndola partícipe y asumiendo importantes tareas dentro de un contexto de modernización política, que motive a las organizaciones de la sociedad civil a reforzar su participación con responsabilidad, visión, compromiso y espíritu de cooperación mundial.

Medio Ambiente asegura que el ruido de los convoyes se adecua a la ley.

La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha dado luz verde para la expropiación del terreno afectado por la construcción de una tercera vía entre las factorías de Gijón y Avilés de la empresa Aceralia. La actuación fue declarada de utilidad pública por el Consejo de Gobierno en diciembre del pasado año.

La construcción de un viaducto a la altura de la parroquia de Pervera, por donde discurre esta tercera vía, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para este mismo mes, responde a necesidades del tráfico de trenes, después de que se produjeran varios accidentes. A esta actuación se suma el desdoblamiento de la vía que comunica las factorías de Veriña y Avilés, y que consiste en un túnel que atraviesa el concejo por la parroquia de Guimarán.

Por otro lado, y tras las alegaciones presentadas por algunos propietarios de casas cercanas a esta tercera vía, la Consejería de Medio Ambiente, en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), señala que, «de resultas del mapa de ruidos elaborado, cuyo objeto es medir los niveles sonoros originados por el paso de la locomotora y el torpedo por el viaducto, una vez desdoblado, los resultados son acordes a la ley». En este sentido, se desestiman las peticiones de los vecinos más próximos de adoptar medidas como la ampliación de la zona de pantalla acústica fuera del viaducto y aislar la transmisión mediante bases elásticas.

La Consejería ha determinado que los terrenos de los propietarios que han denunciado la contaminación acústica y medioambiental, advirtiendo del crecimiento de ésta con la nueva vía, no serán expropiados «porque el funcionamiento de las nuevas instalaciones resultan compatibles con el mantenimiento de la propiedad, su uso y disfrute». Algunos vecinos denunciaron el pasado mes de julio la situación que, según explicaron, se remonta a diez años atrás, cuando se habló de la expropiación y de la insonorización de la vía. Aceralia ya ha comprado terrenos afectados.