ĴЏ£ÎẪП ŽẪþẪŦẪ

La movilización de las comunidades indígenas de Colombia se extendió hoy por todo el país, cuyas principales carreteras quedaron paralizadas por las batallas campales que protagonizan miles de aborígenes contra batallones de la policía y del ejército.

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) dijeron a La Jornada que los choques dejan un saldo de un indígena muerto y 89 heridos “la mayoría de ellos por impactos de bala”. Según el consejo, fuerzas combinadas del ejército y la policía colombianos han disparado ráfagas contra los manifestantes.

“También han usado armas no convencionales, bombas llenas de tornillos y puntillas que cuando estallan producen muchos heridos. Uribe nos declaró la guerra”, denunció Daniel Piñacué, uno de los líderes de la protesta.

Por su parte, el gobierno informó que al menos 20 uniformados han sido heridos en los enfrentamientos con los indígenas, cuyo epicentro es la vereda La María, en el suroccidental departamento del Cauca, donde se concentran al menos 20 mil manifestantes.

La Minga, como se denomina la movilización, completa hoy cinco días y amenaza con prolongarse ya que los líderes de la protesta exigen negociar sus demandas directamente con el presidente Álvaro Uribe, quien no sólo descartó dicha posibilidad, sino que aseguró tener pruebas de “infiltración terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)” en la movilización.

En la cultura indígena guambiana y paez, Minga significa unión, solidaridad, encuentro, trabajo comunitario, reciprocidad.

“En esta Minga participan unos 50 mil indígenas de 18 departamentos que le exigen al gobierno el cumplimiento de pactos sobre tierras, respeto a los resguardos históricos, acceso digno a la salud y a la educación y cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes”, dijo a La Jornada Aída Quilqué, consejera del CRIC.

Los consejos regionales indígenas aseguran que sólo entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre de este año han sido asesinados 15 indígenas en diversas regiones del país, la mayoría de ellos por miembros de la fuerza pública en hechos asociados con tomas de tierras o protestas aborígenes.

Voceros oficiales, sin embargo, no sólo niegan las acusaciones sino que le restan legitimidad a las demandas. “Las protestas están manipuladas por quienes pretenden sabotear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, aseguró Uribe el miércoles en discurso transmitido en radio y televisión.

El mandatario calificó de “terroristas” a los manifestantes y esgrimió de prueba el testimonio de un policía que habría perdido sus manos durante enfrentamientos con los indígenas el martes pasado.

Según la versión de los líderes indígenas, el ejército y la policía han infiltrado a decenas de sus efectivos entre los manifestantes. “Escogen a miembros de la fuerza pública con rasgos indígenas, los visten de civil y los infiltran en nuestras filas”, aseguró Daniel Piñacué, mientras enseñaba ante las cámaras de la televisión los morrales cargados de explosivos e instrumentos de guerra que les han decomisado a los infiltrados.

“La idea es que ellos dejen sus morrales escondidos para que después aparezcan como evidencias de que nosotros estamos utilizando armas”, explicó.

La táctica de infiltrar militares de origen indígena entre la Minga no sólo ha fracasado, sino que le ha costado caro a los soldados.

Los canales de televisión difundieron hoy imágenes del castigo que propinaron miles de manifestantes a los infiltrados, en la realización de un “juicio popular”: nueve latigazos en las piernas y una “limpieza purificadora” con agua de yerbas “para que nunca más vuelvan a ejercer la violencia contra su propio pueblo”. Igual suerte han corrido otros militares capturados por los indígenas.

Aunque el epicentro de las confrontaciones ha sido la Carretera Panamericana, una de las más transitadas del país, también se reportan acciones de protesta en puntos distantes de Colombia: en Chocó, emberas y katíos tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo; en La Guajira, los wayuus caminan hacia la capital departamental, Riohacha; indígenas pijaos y nayas marchan hacia El Espinal, en el central departamento de Tolima, mientras que owas ocupan oficinas públicas en Boyacá.

Se calcula que la población indígena en Colombia está compuesta por unas 600 mil personas repartidas en 81 etnias, 60 por ciento de las cuales se concentra en las cumbres de la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. La Constitución Nacional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, pero los aborígenes aseguran que dicho reconocimiento es “letra muerta”.

La principal reivindicación que levantan las comunidades indígenas es el derecho a sus territorios ancestrales, lo cual genera constantes tomas de latifundios ociosos y la respectiva confrontación con la fuerza pública.

Analistas políticos consideran que la explosiva situación en varios puntos de la geografía nacional es expresión inicial de conmociones sociales que se avecinan, fruto del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente Uribe, “que privilegia el gasto militar sobre el social, impulsa las privatizaciones y apoya megaproyectos agrícolas de palma africana en detrimento de la producción de alimentos”.

Según la senadora Piedad Córdoba, “las movilizaciones indígenas y populares están demostrando que la supuesta popularidad de Uribe no es más que un gran invento mediático… y el cuento de que detrás de toda protesta están las FARC tampoco le servirá más, pues dicho argumento riñe con la idea que ha vendido según las cual la guerrilla está liquidada”.

Paralelamente a la Minga indígena de resistencia tienen lugar paros de trabajadores de los ingenios azucareros y de empleados de varias instituciones públicas.

Miles de trabajadores de la rama judicial regresaron hoy a sus labores, pero se declararon en alerta tras un paro de 42 días que paralizó el sistema de justicia y sirvió de pretexto al gobierno para declarar el estado de conmoción interior, actualmente vigente.

Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU), fechado en septiembre de 1991, da cuenta de las relaciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el cartel de Medellín y con el paramilitarismo. El relato de estos hechos fue publicado por la revista Newsweek, el 9 de agosto de 2004, en una nota redactada por los periodistas Joseph Contreras y Steven Ambrus, titulada 'De la lista negra a la lista de favoritos'.

Newsweek hace referencia a un documento desclasificado, un informe de inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense, que 'indica quién es quién en el negocio de la cocaína de Colombia'.

La lista, que comienza con el otrora jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar, incluye a 104 'delincuentes, asesinos, traficantes y abogados sospechosos, hasta llegar al puesto 82: Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en instancias de alto nivel del Gobierno'.

De acuerdo con la cita que hace Newsweek del Informe de Inteligencia, 'Uribe estuvo ligado a un negocio involucrado en actividades narcóticas en Estados Unidos (…), ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria".

Como se sabe, Escobar murió en un enfrentamiento policíaco en 1993 y Uribe es el presidente de Colombia.

Al tratar de explicar por qué son tan buenas las relaciones de Uribe con Washington, Newsweek cita a Adam Isacson, del Centro de Política internacional, quien sostiene que 'éste es probablemente uno de los presidentes más pro Estados Unidos en toda la historia de América Latina'.

El semanario de Estados Unidos también hace mención a un comunicado de la Presidencia de Colombia que negó que Uribe tuviera vínculos con negocios estadounidenses, como describía el informe de 1991, pero sostiene que esa declaración no desmintió 'las acusaciones de que Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y que era amigo cercano de Escobar'.

A juicio de la revista Newsweek quedaban muchas preguntas sin respuesta y una de las más importantes se relacionaba con el tema de los paramilitares, quienes actuaban supuestamente como autodefensas frente a la guerrilla, pero 'eran financiados por el tráfico de las drogas'.

Instalado en la Presidencia de Colombia, dice Newsweek que 'con promesas de detener a la guerrilla de izquierda, Uribe ahora está ofreciendo indulgencia a los paramilitares que renuncian al tráfico y se desarman'.

"Algunas de estas personas ni siquiera tienen credenciales de antiguerrilleros," dice Isacson al semanario de Estados Unidos. "Sólo son traficantes de drogas que compraron su entrada al movimiento paramilitar como una forma de reclamar estatus político, legitimar sus fortunas y andar libres.'

Esta noticia está publicada en el vínculo electrónico http://www.newsweek.com/id/54793

Ya antes la propia Newsweek y Narconews.com habían publicado notas sobre las relaciones de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo. Lo hicieron durante el año 2002. Narconews abordó el tema el 19 de marzo de aquel año y Newsweek lo hizo el 25 del mismo mes.

El trabajo de Narco News citaba textualmente documentos de la Administración de Combate contra las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), que hacían referencia al decomiso de 50 toneladas de permanganato de potasio -químico necesario para la producción de cocaína- en 1997 y 1998, destinadas a una compañía propiedad del jefe de campaña de Uribe, Pedro Juan Moreno Villa.

Con esa cantidad, sostiene Narco News, se puede fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en las calles de 15 mil millones de dólares. 'Como el permanganato de potasio no se produce en Sudamérica, donde crece la hoja de coca, quien controle el mercado del químico en Colombia controla el comercio de cocaína'.

La publicación de este informe de la DEA desató una polémica en Colombia. Durante la realización de una rueda de prensa, Rafael Santos, periodista del diario El Tiempo, de Bogotá, formuló estas preguntas :

'Doctor Uribe, a raíz de la entrevista con la prestigiosa revista Newsweek se ha dicho hay una campaña de desinformación en su contra. ¿La irascibilidad que mostró con el periodista la revista no es una treta para esquivar el debate sobre posiciones muy controvertidas como la defensa de las Convivir (los esquadrones paramilitares), la participación en el homenaje del general Fernando Millán, su amistad con César Villegas o la cerrada defensa de alguien cercano como Pedro Juan Moreno? ¿No necesita el país además de un presidente con carácter uno que sea dueño de una lúcida serenidad para despejar cualquier duda sobre su pasado?'

'Yo siempre le he contestado al pueblo todo lo que me han preguntado en emisoras, con los micrófonos abiertos al escrutinio popular'. Respondió Uribe, para luego agregar: 'La entrevista del redactor del Newsweek fue para ofenderme, para enjuiciarme. Llegó un momento en que le dije (al periodista): mire señor, no le puedo contestar más preguntas. Todos los temas que usted me ha planteado los he contestado desde hace muchísmos años, incluso algunos de ellos han sido examinados por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Siempre me han absuelto'.

Es decir, Uribe evadió responder a las preguntas presentadas por el periodista de El Tiempo.

A estas evidencias respondió el gobierno de Estados Unidos de manera inmediata. El diario La Tercera de Chile publicó el 3 de agosto de 2004 las declaraciones de Robert Zimmerman, vocero del Departamento de Estado, a la agencia Associated Press, en las que insistió que el Informe del Departamento de Inteligencia era 'poco confiable'.

La respuesta de Zimmerman, representando a un país que invade otros países con base en sus informes de inteligencia, no puede resultar menos seria.

La Tercera, en esta información titulada 'EE.UU. desvirtúa lazos de Uribe con cartel de Medellín', tambien hizo mención a los custionamientos formulados a la campaña presidencial de Uribe, en el 2002, por sus vínculos con los paramilitares.

'Esto -dice La Tercera-, porque según el libro del editor de Newsweek Joseph Contreras, Autobiografía no autorizada de Alvaro Uribe Vélez, el mandatario fue el impulsor de las brigadas Convivir en el Departamento de Antioquia cuando fue gobernador entre 1995 y 1997. Un grupo de defensa civil armado que según versiones luego se integró a los paramilitares.
Desde su llegada a la Presidencia, además, Uribe ha tenido sólo diálogo con los paramilitares, aunque ayer advirtió a dos facciones rivales de ese grupo que si no cesan los enfrentamientos entre ellas no continuara con los acercamientos'.

Nexos de Uribe y su gabinete con el Paramilitarismo:


1. Cincuenta siete parlamentarios cercanos a su gobierno están investigados (condenados, o procesados) por parapolíticos

2. El exjefe de la policía secreta (nombrado directamente por el presidente) esta preso por crímenes y alianzas con la AUC

3. El papá y el hermano de la excanciller están prófugos de la justicia.

4. Mario Uribe, primo del presidente (senador) y principal aliado político esta con orden de captura por crímenes de lesa humanidad de ser responsable de concierto para delinquir agravado

5. José Obdulio Gaviria, el principal asesor del presidente, es primo hermano del criminal más grande que ha tenido Colombia. (Pablo Escobar Gaviria)

6. Se protege al exfiscal Osorio con una embajada para blindarlo de la parapolítica

7. Un ex-embajador en Chile es prófugo de la justicia por asesino...

8. Es identificado en los ochentas, por un helicóptero Tranquilandia (un complejo cocalero el mas grande encontrado en la historia mundial del narcotráfico) el cual estaba registrado a nombre de una sociedad de la cual pertenecía el padre de Uribe como uno de los principales accionistas.

9. Durante su gestión en Aerocivil en los ochentas, Uribe otorgó licencias en formas irregulares a aeronaves utilizadas y decomisadas por narcotráfico, como tambien licencias a pilotos capturados por narcotráfico.

10. En diciembre de 2007, Uribe nombró como gobernador encargado de Córdoba a un tipo cercano a Mancuso.

11. El ex Director Administrativo de DAS Jorge Noguera que se demostró que brindo a los paramilitares información de estudiantes, profesores sindicalistas y lideres sociales, que posteriormente fueron asesinados, (antes las acusaciones, Uribe Vélez decide darle el consulado en Milán. Luego de las denuncias es detenido en Colombia.

12. El General Rito Alejo del Río conocido en Antioquia como uno de los mayores militares-paramilitares bajo la Gobernación de Uribe Vélez en Antioquia (enero 95 – dic 97). Es acusado de múltiples violaciones de los Derechos Humanos en el país, financio y protegió grupos paramilitares en Antioquia mientras cometían múltiples masacres contra campesinos, indígenas y afro colombianos.

13. El vicepresidente Francisco Santos antes de que este asumiera el cargo sostuvo una reunión con exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC Salvatore Mancuso donde se brindo ayuda económica para la campaña presidencial y a quien le ofrecen a Santos la Comandancia del Bloque Capital de los paramilitares dado que Mancuso reconoció en el una gran capacidad de dirigir y quien aseguro que el Paramilitarismo históricamente siempre ha sido una política de Estado en el país.

Con la esperanza del reencuentro, para celebrar la libertad y exigir el fin de la práctica del delito del secuestro, nuevamente como lo hicimos el 4 de febrero y en diversas jornadas y acciones ciudadanas, saldremos a las calles, alzaremos nuestras voces, uniremos nuestras manos, y usaremos nuestras diferencias como herramientas para encontrarnos este 20 de Julio a partir de las nueve de la mañana y caminar unidos por las calles y veredas de Colombia y el mundo, exigiendo unánimemente a quienes tienen en su poder personas secuestradas, que las liberen Ya y sin condiciones. La música de nuestros artistas colombianos nos acompañará en el Gran Concierto Nacional - Música por la Convivencia.

Celebramos con gran júbilo la libertad de todas las personas que han visto de nuevo la esperanza, luego de haber sufrido por años la infamia y el padecimiento causados por el secuestro; sin embargo, un profundo dolor nos invade ante el sufrimiento que padecen más de 2.800 compatriotas secuestrados que permanecen encadenados y violentados, resistiendo tratos crueles y degradantes, sin que se vislumbre para ellos una pronta solución.

Repudiamos el secuestro porque es un delito atroz, de lesa humanidad que atenta contra la dignidad humana y porque valoramos la vida como derecho fundamental que no debe ni puede tener precio alguno. Los seres humanos no somos mercancía. El secuestro, las amenazas contra la vida, las acciones terroristas no son una herramienta de negociación.

Invitamos a la sociedad Colombiana en el mundo, los miembros de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, de todas las organizaciones y entidades para que nos unamos y participemos en esta exigencia por la libertad de todos los secuestrados y en establecer un amplio acuerdo de unidad nacional para una Colombia en paz. Esta nueva manifestación de solidaridad y amor que estamos seguros será multitudinaria, no tendrá ningún color de partido, de ideología o de interés particular, nuestra bandera será el tricolor.

Las colombianas y los colombianos decidimos que ya es la hora de la solución y que estamos unidos para hacer realidad este compromiso de construir una Colombia en paz, garante de la libertad, los derechos humanos y la democracia.

Ya es Hora … Libérenlos Ya!!!!

Ya es Hora … Unidos por la libertad de TODOS los secuestrados !!!!

Ya es Hora … La Paz es tarea de todos y deber de todos!!!